Las asociaciones público-privadas (APP) son un instrumento  de colaboración entre una agencia gubernamental y una empresa del sector privado que esta siendo utilizado para financiar proyectos públicos a gran escala, tales como redes de transporte, energía renovable y otros proyectos relacionados con la infraestructura.

A través de este convenio la agencia gubernamental y la empresa del sector privado se unen para patrocinar y construir el proyecto con riesgos y costos compartidos. Normalmente, las APP tienen contratos a largo plazo (de 25 a 30 años o más) y la empresa del sector privado participa en el financiamiento, diseño, construcción y operación del proyecto a cambio de exenciones de impuestos u otros ingresos operativos.

A la empresa del sector privado también se le puede otorgar acceso facilitado a permisos, protección contra responsabilidad y derechos de propiedad parcial sobre servicios y propiedades nominalmente públicos.

El uso de estas alianzas ha permitido completar una gran cantidad de proyectos de infraestructura pública en todo el mundo.

La Ley y Reglamento de las Alianzas Público-Privada

La República Dominicana tiene una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina. Desde 2010 hasta 2019, el país tuvo una tasa de crecimiento del PIB promedio superior al 5,5%.  A pesar de una recesión inducida por la pandemia, se espera que la República Dominicana vuelva a alcanzar un crecimiento del PIB del 5,5% en 2021.

En respuesta a la necesidad de contar con un marco regulatorio especifico para las APP, en línea con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y con el objetivo de duplicar la inversión en infraestructura del país, en febrero del año pasado se aprobó la Ley No. 47-20 sobre APP y posteriormente, en septiembre, la ley fue complementada con un reglamento, promulgado por el Decreto Nº 434-20. Ambas normativas proporcionan el marco legal para el inicio, selección, adjudicación, adquisiciones, ejecución, seguimiento e implementación de APP en República Dominicana.

La ley distingue entre las APP de iniciativa pública y las de iniciativa privada y, en ambos casos, establece los pasos procesales para la adjudicación definitiva de un acuerdo de APP. De acuerdo con la ley, el convenio que establece los términos y condiciones aplicables a la APP, debe incluir (como mínimo) el siguiente contenido: un modelo financiero, el régimen de remuneración, el esquema de distribución de utilidades, la transferencia de recursos públicos para el desarrollo del proyecto, intervención del agente público en caso de incumplimiento del contrato y matriz de riesgos que incluye distribución de riesgos.

Además, los beneficios de la ley son atractivas exenciones fiscales. La ley también creó la Dirección General de Asociaciones Público-Privadas (DGAPP), órgano administrativo encargado de evaluar y calificar las propuestas presentadas por agentes públicos y privados y mantener el registro de publicación de todos los proyectos de alianza Público-Privada entre otros aspectos técnicos, administrativos y funciones promocionales

Proyectos de APP

A principios 2021, DGAPP reveló los próximos proyectos de APP que involucran el desarrollo económico de la región de Pedernales con una inversión estimada de US$3 mil millones.  Las inversiones se asignarán a proyectos de desarrollo de infraestructura sostenible, incluidos carreteras, servicios eléctricos y de agua, un aeropuerto y más de 10.000 habitaciones en complejos hoteleros.   La oficina de la DGAPP y el Fideicomiso Pro-Pedernales apuntan a iniciar proyectos de infraestructura en la región antes de fines de julio de 2021.

Otro proyecto de APP que se encuentra actualmente en desarrollo es la construcción estimada en US$ 400 millones de la Carretera Ámbar que conecta la segunda ciudad más grande de República Dominicana, Santiago, y su tercera ciudad más grande, Puerto Plata, con su aeropuerto y nueva terminal de cruceros.

Las APP y la pandemia de COVID-19

América Latina se ha visto seriamente afectada por la pandemia de COVID-19, y la economía de la República Dominicana, que depende en gran medida del sector turístico, se ha visto particularmente afectada. En 2020, se proyectaba que el PIB del país crecería un 5,1% y, de hecho, se contrajo un 6,73%.

El Decreto de la Presidencia No. 141-20, de abril de 2020,  creó el Comité de Manejo de Emergencias y Sanidad, que tiene como misión asesorar al Gobierno en su respuesta al COVID-19. Esto incluye el desarrollo de APP para mejorar la capacidad y preparación del sistema de salud local para hacer frente a la pandemia.

De manera general, los desafíos macroeconómicos y fiscales planteados por la crisis del COVID-19 han intensificado el apetito y el interés del gobierno en implementar plenamente la legislación de APP y hacer un uso extensivo de este nuevo marco legal.  Por lo tanto, se espera que la promoción de las APP no solo conduzca a una expansión y mejora del sistema de salud nacional para ayudar a combatir el efecto de la pandemia, sino que también fortalecerá la infraestructura y la economía del país en su conjunto.

Panorama

La ley de APP indica que República Dominicana está comprometida a seguir siendo una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina. Con la adopción de una regulación más coherente para apoyar el desarrollo de infraestructura, Republica Dominicana ha aumentado las oportunidades para atraer más inversión extranjera a través de oportunidades innovadoras y una protección adecuada. Si se implementa de manera coherente, esto puede generar un progreso considerable tanto en el país como en la región.